La penalización por manipular el mercado de bonos gubernamentales quedó en solo 20.7 millones de dólares.
Por Xavier Ginebra Serrabou*
Los bancos JP Morgan y Barclays Bank pagarán 20.7 millones de dólares (el primero 15 y el segundo 5.7) para resolver los reclamos de los inversionistas en el sentido de que sus filiales conspiraron con otros bancos para manipular el mercado de bonos del gobierno mexicano, incluyendo a otros bancos como BBVA, Bank of America, Citigroup, Santander y HSBC.
No es la primera vez que realizan esta conducta. La primera multa fue en los albores del nacimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) principios de los noventa, en ese entonces una multa ligera de pocos millones de pesos, entendible porque el organismo apenas tenía un año de funcionamiento.
Las multas por manipulación de la tasa LIBOR ascendieron a la cantidad de más de 5,000 millones de dólares (más de 110 mil millones de pesos): si la comparamos con las que impuso la Cofece, en el caso mexicano no superó los 20 millones de dólares (110 millones de pesos), un 0.001 de la multa impuesta por las autoridades británicas.
En México cinco bancos acumulan el 80% del total de activos bancarios, por la cantidad de 9.7 billones de pesos, según datos del INEGI (2019). La banca es el sector con más activos examinado por la Cofece, al tratarse de cinco empresas podemos hablar claramente de la existencia de un poder sustancial conjunto u oligopolio.
La conducta que cometieron se incluye entre las que más daño ocasionan a la competencia (los hard core cartels, que suelen exigir que sean condenados por el monto máximo de las multas), y ser sancionados hasta el 10% de los ingresos, que podría haber llegado por su gravedad a 970,000 millones de pesos.
Este tipo de cárteles inclusive pueden ser perseguidos por la vía penal. Si incluimos en los agravantes del daño, la afectación a la economía del Estado como bien jurídicamente tutelado, la reincidencia y la gravedad, 20 millones se quedaron muy cortos a una posible multa por el monto mencionado.
Pero en México, la condición de la oligarquía bancaria alcanza dimensiones insospechadas. Los bancos disfrutan de utilidades de al menos 163,000 millones de pesos en sus peores años, como 2019 y disfrutan de utilidades superiores al 15.3 del ROE.
Además mantienen una impunidad absoluta, gracias a que los reguladores (Banco de México y la CNBV), han abdicado de tal facultad, al estimar que es más eficiente la autorregulación, lo que se manifiesta en las bajas multas que les han impuesto junto a la negativa a establecerles límites a las comisiones (sólo están reguladas 3 de más de 1,000 que tiene registradas la banca).
Según el gran economista José Luis Calva, lo que funciona es la corregulación entre instituciones financieras y el Estado, no inclinar la balanza sólo en manos de los bancos (¿qué banco reconocerá motu propio su culpabilidad?
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La reforma financiera de Peña, diseñada para lograr la diseminación del crédito entre las PYME, reforzó las armas de la Banca al permitir que los bancos puedan impedir que un usuario viaje al extranjero si tiene “sospechas fundadas” de que el deudor no va a cubrir su crédito, lo que no puede hacer ni el Pentágono.
El buró de instituciones crediticias para evaluar a los bancos sólo tiene fines informativos; en cambio, el buró de crédito condena a los usuarios por cinco años a no ser sujeto de crédito; las tasas de interés que se cobran en México son superiores por cinco veces a los países desarrollados.
La Condusef nació débil y es inoperante (Calva, Dávalos y Monreal), y cuando los propios bancos argumentan que la competencia debe ser su “regulador” y no las disposiciones administrativas, se niegan a competir, como en el presente caso.
Por último, cuando se esperaba que AMLO los regulara para ponerlos en condiciones de igualdad, no los ha tocado. ¿No debería haber una regulación en serio –equilibrada- al sector financiero, a pesar de la dificultad por sus fuertes cabilderos y la capacidad económica por ser el grupo de interés que representan?
La delicada situación del país y la necesidad de la recuperación lo exigen. No podemos seguir con que los bancos sean de los que te ofrecen un paraguas cuando la lluvia ya ha terminado.
*El autor es Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.