Los empresarios mexicanos no han explotado lo suficiente su derecho de acceso a la información para potenciar su rol como agentes de cambio en el país.
Por Alejandro Torres, consultor independiente en transparencia y protección de datos personales.
Una de las batallas más feroces entre empresarios se ha librado en el sector de la publicidad exterior.
Cada autorización para instalar un anuncio en la Ciudad de México se ha disputado con todos los recursos legales posibles, y en esta lucha por ganar terreno en un multimillonario negocio se han apoyado en un derecho relativamente nuevo: el acceso a la información pública.
Con ese derecho, los anunciantes han conseguido documentos del gobierno para acreditar que sus competidores incumplen los requisitos y lograr que se les excluya del padrón oficial de anuncios de publicidad exterior sujetos a regularización.
El acceso a la información sirvió también hace casi dos años para que una empresa obtuviera documentos que le ayudaron a frenar el otorgamiento a su competidora de un contrato para instalar 82,000 luminarias en el municipio de Zapopan por considerar que se incurrieron en irregularidades.
El derecho a la información tiene muchos más usos, pero sigue contando con pocos usuarios.
La legislación mexicana es muy robusta y los procedimientos para preguntar a instancias federales, estatales y municipales sobre cualquier tema es relativamente fácil.
Los empresarios están, desde 2003 y hasta la fecha, en segundo lugar entre quienes solicitan información al gobierno federal. De 2003 a septiembre de 2018 se presentaron, a nivel federal, 1.7 millones de solicitudes, solo 211,158 fueron de empresarios, según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La sorpresa no para ahí, pues México es parte de las naciones que abrazaron e implementaron la iniciativa del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2009, pero en nuestro país los empresarios tienen una escasa participación en los planes de acción desarrollados a nivel local.
Mientras que en otras naciones, sobre todo angloparlantes, participan con gran frecuencia en diversos proyectos junto con autoridades, asociaciones civiles y ciudadanos.
Lo anterior es inquietante si se considera que un gobierno abierto facilita, entre otras cosas, la rendición de cuentas del sector público, fundamental para el ambiente de negocios.
Además, alienta la generación y publicación de miles de datos del gobierno en formatos abiertos para producir soluciones digitales (páginas web y apps, entre otras), todo con potencial para crear y operar negocios.
Una incorporación más decidida de los emprendedores en la estrategia de gobierno abierto ayudaría, además de atender problemas de la población, a generar condiciones favorables para el emprendimiento.
Por ahora están en marcha algunos planes locales de gobierno abierto, y el uso de información pública ayudaría a identificar en dónde conviene iniciar un negocio según la disponibilidad de transporte público y servicios, de potenciales clientes, proveedores y competidores, licencias y permisos, usos de suelo, impuestos y beneficios fiscales, entre otros factores.
Todo ello y más forma parte de la información que se genera a diario y está disponible por diversas vías, como en portales de transparencia a nivel federal y local.
Un mayor involucramiento del empresariado en el derecho a la información no debería limitarse a denunciar actos de corrupción o irregularidades en los contratos y uso de los recursos públicos, sino también en aprovechar y coadyuvar en la generación de conocimientos y políticas públicas.
El empresariado no ha logrado explotar el potencial que tiene la información pública para su rol como agentes de cambio.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad del autor e independientes de la línea editorial y postura de Fortune en Español.
