El plan de reactivación económica de AMLO parece un informe más a los que nos tiene acostumbrados; el alcance del plan será de será de sólo 0.3% del PIB.
Por Xavier Ginebra Serrabou*
A casi todos –al menos ese es mi parecer- no sólo no nos agradó, sino que nos pareció un insulto hacia la sociedad pensante mexicana el plan de reactivación de López Obrador. Explico por qué.
El plan nuevamente más que un proyecto de salvamento de las más de 4 millones de empresas formales e informales, en su mayoría Mipymes y de los 15 millones formales que conllevan, pareció un informe más de los cientos a los que nos tiene acostumbrados la actual administración, que de un jefe de una nación que pretende dar esperanzas en momentos en que todo parece negro.
El alcance del plan será de aproximadamente 0.3 puntos del PIB, mientras otro países latinoamericanos han diseñado programas de al menos 1.5 (Argentina), 2.2 (Brasil) y 12% (Perú), por no decir de otro similar de Chile.
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El fundamento de AMLO está en la austeridad republicana (austericidio, lo denominan los economistas, aunque depende de para qué, pues acaban de inyectar 67,000 millones de pesos a Pemex y comprado un estadio de béisbol por 500 millones de pesos), aunque parece que esta política está más bien dirigida a sus enemigos “los conservadores”, sean quienes sean.
AMLO prometió un millón de créditos de hasta 25,000 pesos por Pyme (que no alcanzan ni para la pasta de dientes) y mantener sus programas sociales, que más bien son sus programas clientelares, pues ya destruyó la red de protección social que se había creado exitosamente en los gobiernos anteriores.
Además aplicó recortes bestiales al gasto público reduciendo salarios en la administración pública, y lo peor de todo, seguir con sus proyectos faraónicos (el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, el Programa Sembrando Vida, Dos Bocas), aunque no sean estrictamente indispensables para la economía nacional y se trate de un derroche de recursos en momentos en que México menos puede permitirse esos lujos.
La única buena noticia fue el programa de Banco de México de inyectar liquidez por 750,000 millones de pesos a los bancos para que estén en condiciones de otorgar préstamos a Pymes y la disminución a 5.75% de la tasa de interés (que sigue estando muy alta en periodos de casi deflación).
A eso habría que incluir los limitados planes de choque de algunos gobiernos estatales, pero sumamente limitados, pues el más ambicioso no supera la cantidad de 8,000 millones de pesos (cacahuates para el changuito), aunque peor sea nada.
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Esta crisis es un problema de falta de oferta y demanda, pero sobretodo de lo segundo. En los ciclos económicos –como le pasó a Roosevelt por adelantar sus medidas de austeridad cuando la economía apenas comenzaba a dar señales de recuperación-, actuar a tiempo es prioritario.
Lo anterior puede hacer la diferencia entre un ciclo de un año a otro que dure hasta 10 años o más. Los organismos internacionales han advertido al país que sin medidas anticíclicas, la economía podría caer en 2020 cerca de un 10%.
México tiene aprobado un programa de 91,000 millones de dólares con el FMI que podría hacer la diferencia: la caída de 20 millones de personas en situación de pobreza que se encontraban de precaria clase media exigen la justicia social y el sentido común. Pero no se puede esperar una conducta diferente desde Palacio Nacional, dada la terquedad enfermiza de nuestro primer siervo de la Nación.
Según Krugman, en momentos de crisis hay que distinguir entre políticas sociales –como el original salario solidario propuesto por el líder de Coparmex- que deben ser generosas, y políticas de política industrial, que deben ser más bien limitadas.
En esto coincide con Peter Drucker en cuanto a que una situación de crisis exige demostrar la viabilidad de las empresas ante el nuevo entorno y conllevan, por tanto, políticas de fomento a la productividad.
Una reforma a la ley de concursos mercantiles para simplificar un procedimiento de suspensión de pagos a las Mypymes constituye una política económica esencial, junto a otros programas de fomento a la oferta.
La demanda se impulsaría con las políticas sociales, que deben alcanzar a todos los mexicanos en situación de vulnerabilidad, ya que el marco actual deja fuera a cerca de entre 15 y 30 millones de mexicanos.
*Máster y Doctor en Derecho económico, Profesor Investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad De la Salle Bajío y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.
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