Ayer, autoridades de México visitaron a las víctimas del tiroteo de El Paso, Texas, justo un día después de que el canciller del país, Marcelo Ebrard, pidiera una mayor protección para los mexicanos en Estados Unidos y prometiera explorar las opciones legales para procesar al tirador.
“Estamos viviendo las consecuencias de no detener esta narrativa de odio”, dijo el gobernador Javier Corral Jurado, del estado de Chihuahua en una conferencia de prensa en las afueras del Consulado de México en El Paso el lunes 5 de agosto por la tarde.
Ocho ciudadanos mexicanos estuvieron entre los 22 muertos y seis entre las casi dos docenas de heridos en un ataque que ocurrió en un centro comercial en la ciudad fronteriza.
Ebrard esbozó el domingo una serie de acciones que México tomaría, incluyendo el inusual petición para extraditar a Patrick Crusius, de 21 años, quien fue arrestado por el acto terrorismo.
El representante de Relaciones Exteriores de México, también dijo que enviaría una nota al gobierno de Estados Unidos pidiendo una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que habían visto la declaración de Ebrard, pero se negó a compartir la carta.
En conferencia de prensa, después de su visita al hospital, Ebrard duplicó sus promesas anteriores, diciendo que se había estado reuniendo con las entidades de seguridad de EE.UU. y que el martes transmitiría esa información al procurador general de México, quien decidirá si presiona o no para obtener la extradición.
También dijo que México participará tanto en la investigación como en el juicio de Crusius.
Mientras tanto, Donald Trump, que ha sido acusado de hacer comentarios racistas, ofreció una declaración propia.
“Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca”, exclamó. “Estas siniestras ideologías deben ser derrotadas”, agregó.
Por Soni Sangha