Airbnb y Uber son vistos como las luces principales de la ola “gig economy”, convirtiendo a las personas comunes en proveedores de servicios al ponerlos en contacto con personas que podrían desear viajar en su automóvil o una cama en su apartamento. Ambas compañías han tenido un duro momento de regulación en la Unión Europea (UE), en gran parte gracias a las protestas de taxistas profesionales y hoteleros.
Pero podría haber una gran diferencia entre la legalidad de las empresas en los países europeos, y todo se reduce a cuánto controlan los negocios que tienen lugar en sus plataformas.
La diferencia quedó al descubierto en una opinión emitida el martes por el principal asesor legal del tribunal más alto de la UE, en un caso que involucra las operaciones Airbnb en el país. El organismo francés de la industria hotelera, AhTop, presentó una queja contra Airbnb, alegando que estaba violando las leyes de vivienda del país al operar sin una licencia de agente inmobiliario. El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo abogado general, Maciej Szpunar, dijo que Airbnb debería ser claro.
La pregunta crucial en el caso era si la empresa controla en gran medida las transacciones entre los proveedores de alojamiento y los huéspedes, o si se conectan de forma directa. Si se trata de una no intervención, entonces califica como el llamado “servicio de la sociedad de la información” que recibe protección de ciertas leyes nacionales bajo una de larga data que está diseñada para facilitar la operación de los servicios digitales en todo el bloque. Si ejerce mucho control sobre lo que sucede en su plataforma, no obtiene esa clasificación y los países pueden regularla más estrechamente.
Según Szpunar, Airbnb no controla en gran medida cómo se proporcionan los servicios de alojamiento a través de su plataforma, por lo que la ley de vivienda de Francia no se aplica a ellos. Por ejemplo, dijo, Airbnb no determina el precio de un alquiler, y permite a los anfitriones elegir sus propias condiciones de cancelación. También señaló que los anfitriones de la plataforma de hospedaje no dependen de ésta, ya que durante mucho tiempo ha habido un mercado de alquiler a corto plazo para que puedan acceder a ellos.
Contrasta esa opinión con la toma de Szpunar hace dos años sobre Uber, que en ese momento estaba siendo demandada por los operadores de taxis españoles. En ese momento, señaló que Uber controla cuánto pueden cobrar sus conductores, les dice dónde y cuándo pueden encontrar más negocios y establece estándares para la calidad de su trabajo. Los conductores tampoco pueden encontrar pasajeros sin la plataforma. Uber tenía el control, por lo que estaba clasificado como una empresa de transporte, así que las leyes de transporte de España se aplicaban a ella.
El Tribunal de Justicia estuvo de acuerdo con la opinión de Szpunar, como suele hacerlo (pero no siempre), y falló en contra de Uber en el caso de España y luego, nuevamente en un caso similar en Francia. Uber ahora solo utiliza conductores con licencia y profesionales en esos países, de acuerdo con sus leyes.
Si el tribunal está de acuerdo con Szpunar otra vez, Airbnb no tendrá problemas para ser regulado como una empresa hotelera en la UE. Y todo porque, a diferencia de Uber, no ejerce demasiado control sobre los acuerdos de alojamiento golpeados en su plataforma.
Por David Meyer