Los legisladores se encuentran más divididos que nunca y se debe a las diferencias por el presupuesto anual y los ‘dreamers’.
Corriendo contrarreloj ante un plazo de medianoche, el Congreso de Estados Unidos intentará enviar al presidente Donald Trump una ley para mantener al Gobierno operando y evitar una paralización de las agencias federales que, de otro modo, comenzaría el sábado.
La Cámara de Representantes votó el jueves por la noche con 230 votos en contra y 197 a favor de un proyecto de ley para extender la expiración del financiamiento hasta el 16 de febrero.
Pero con una profunda división entre republicanos y demócratas por la ley sobre inmigración que ha entrado en la pugna por financiamiento del Gobierno, el proyecto de ley parecía al borde del colapso en el Senado.
El gobierno de Estados Unidos podría ‘apagarse’ si no llegan a un acuerdo este viernes.
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Sin un reabastecimiento de fondos, las agencias federales, desde los Departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Justicia tendrían que cortar algunas actividades y dar licencia a sus trabajadores.
Después de casi cuatro meses del inicio del plan para el año fiscal 2018, ambos partidos aún no han acordado un límite de gastos para distintos programas, entre ellos el de defensa, lo que hace imposible la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento a largo plazo.
En vez de eso, el Congreso ha luchado por lograr aprobar su cuarta medida de gastos a corto plazo.
En medio de la disputa, más senadores están planteando la posibilidad de aprobar fondos federales suficientes para sólo unos días.
La idea es presionar a los negociadores para que flexibilicen acuerdos sobre inmigración, gasto en defensa y otros la próxima semana.
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Las discusiones sobre inmigración se centran en la exigencia de los demócratas de que 700.000 jóvenes inmigrantes indocumentados sean protegidos de la deportación.
Esas personas, denominadas “Dreamers”, llegaron al país cuando eran niños, mayormente desde México y Centroamérica y recibieron un estatus legal temporal en virtud de un programa iniciado por el expresidente Barack Obama.
Muchos de ellos se han educado en Estados Unidos y no conocen otro país.
En septiembre, Trump anunció que pondría fin al programa y daría al Congreso hasta el 5 de marzo para presentar un reemplazo legislativo.