El proyecto para regular a las empresas de tecnología financiera avanza en el Senado.
La Ley de Tecnología Financiera está a punto de ser una realidad en México.
Después del visto bueno que las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos dieron al proyecto de ley, se tiene previsto que este martes sea discutido y probablemente aprobado por el Senado de la República.
La iniciativa nace del interés de asociaciones, pequeñas empresas e instituciones financieras ante la necesidad de incluir y regular las operaciones de estas compañías de préstamos, criptodivisas y crowdfunding que hoy retan a las instituciones bancarias tradicionales, las cuales dominan el sector en México.
Actualmente, el país se coloca como el ecosistema Fintech más grande de América Latina, por delante de Brasil, según cifras al segundo trimestre de 2017 de la aceleradora Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el mundo son pocos los países que cuentan con una ley Fintech. Esto incluye a Estados Unidos, que en los últimos años inversionistas han buscado impulsar, principalmente para validar el uso de las criptomonedas, como Bitcoin, en ese país.
México, por el contrario, estaría a punto de unirse al selecto club al que ya pertenecen Singapur, China, Malasia, Tailandia, Gran Bretaña y España.
Los especialistas en el sistema financiero señalan que esta ley supera el esquema legal de otros países latinoamericanos. Por su parte, los fundadores de estas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF, como se les conocerá en la ley) urgen la aprobación de ésta para dar certidumbre a los inversionistas de riesgo y generar confianza en el mercado.
Esto especialmente en temas de garantía de seguridad a los usuarios, inclusión financiera, respaldo de las autoridades, y reglas de competencia claras entre el sector tecnológico financiero innovador y tradicional.
¿Qué va a regular?
De acuerdo con el dictamen previamente aprobado, la ley únicamente reconocerá a tres tipos de instituciones: las de financiamiento colectivo o crowdfunding, de pago electrónico, como transacciones móviles o préstamos persona a persona y las de activos virtuales, dedicadas a operar con nuevas monedas digitales.
Las empresas serán denominadas como ITF una vez que sean autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por un nuevo de Comité integrado por la CNBV, el Banco de México (Banxico) y Hacienda.
La ley también introduce un nuevo marco jurídico. El esquema fue nombrado como de Modelos Novedosos (mejor conocido como Sandbox en Reino Unido), y permite a las empresas experimentar y ofertar productos y servicios con nuevas tecnologías por un periodo determinado, antes de ser reguladas.
A las empresas de crowdfunding les prohíbe asegurar el éxito, retornos o rendimientos a los clientes sobre su inversión realizada.
En cuanto a las criptomonedas, Banxico será quien defina en la legislación secundaria los plazos, términos y condiciones que deben de observarse en instituciones que manejan este tipo de divisas digitales.
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De llegarse a concluir la aprobación esta semana o los días consecuentes, el proyecto de Ley entraría en una etapa de reglamentación secundaria, por lo que la aplicación no se vería sino hasta dentro de uno a dos años.
El Congreso y el Senado suspenderán actividades por las fiestas decembrinas el próximo 15 de diciembre y no reanudarán actividades hasta febrero.
Modificaciones a las sanciones
El Senado prevé al menos 10 cambios al texto original, a partir de algunas recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece). La mayoría se centra en las sanciones que recibirán las ITF en caso de no cumplir los mandatos.
En la propuesta del anteproyecto, la CNBV podía sancionar con multas de 1 hasta 730,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que cada una equivale a 75.49 pesos actualmente, según el Inegi. También se pedía prisión de hasta 15 años y una multa de hasta tres millones de UMAS a quienes operen sin autorización, desvíen recursos de los clientes, compartan información confidencial o suspendan el servicio sin notificar a los usuarios.
Ahora, las sanciones irían desde 300,000 pesos a 11 millones de pesos y de tres a nueve años de prisión.
“México necesita una Ley Fintech a la medida”, declaró el socio de Asesoría en Deuda de Deloitte México, Jorge Schaar, en un reporte de la consultora sobre el tema.
De acuerdo al estudio Fintech Radar México de Finnovista, a julio de 2017, el país tiene aproximadamente 238 startups fintech que se encuentran divididas en segmentos como préstamos, gestión de finanzas empresariales y personales, crowdfunding, seguros y especialmente pagos y remesas.