Organismos advierten que se desplazan discrecionalmente proyectos de generación más eficientes; AMLO sostiene que se defendió al sector nacional.
Cúpulas empresariales de México exigen la revocación de las nuevas medidas con las que se refuerza el control del Estado sobre la industria eléctrica, porque consideran que ponen en peligro proyectos millonarios de energía renovable.
Las nuevas disposiciones que ya entraron en vigor “afectan los derechos de los generadores renovables, de los consumidores y de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”, dijo el domingo en un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que la cúpula patronal mantiene una relación tirante, “usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, añadió el organismo.
El consejo asegura que pone en riesgo proyectos eléctricos de todo tipo de energías en más de la mitad del territorio mexicano, que “representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares”.
El CCE exigió la revocación “de forma inmediata” de las medidas, una petición a la que se sumó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
#Comunicado | La Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores. pic.twitter.com/wmt3Ccds83
— CCE (@cceoficialmx) May 17, 2020
Las disposiciones “discriminan las inversiones privadas, especialmente las renovables” y establecen “condiciones para que las autoridades arbitrariamente puedan encarecer artificialmente el precio de la electricidad y desplazar discrecionalmente proyectos de generación privados más eficientes”, afirmó la Concamin.
La Secretaría de Energía dijo el sábado que las disposiciones fueron establecidas ante “las consecuencias de la pandemia” y la “drástica” caída en la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial, por lo que el gobierno se vio obligado a tomar “medidas correctivas”.
Versiones periodísticas revelaron el fin de semana que representantes de Canadá y la Unión Europea enviaron cartas a la Secretaría de Energía para mostrar su rechazo a las nuevas disposiciones gubernamentales.
Es responsabilidad del Estado, garantizar la confiabilidad del sistema en forma ordenada, continua y eficaz. TODAS las fuentes de energía de México deberán cumplir con el ordenamiento publicado en el @DOF_SEGOB.https://t.co/bSWfqCjrqh pic.twitter.com/IvR49acFnY
— SENER México (@SENER_mx) May 16, 2020
AmCham llama a la libre competencia y certeza jurídica
La American Chamber of Commerce of Mexico, una organización que aglutina a 1,450 empresas en el país, sostuvo que la medida del gobierno no sólo se contrapone a las necesidades de la población y a las oportunidades de desarrollo del sector energético mexicano, sino que además fue publicado incumpliendo el tiempo de consulta pública que establece la normatividad.
Afirmó en un comunicado que el acuerdo vulnera valores fundamentales que la organización representa: Estado de Derecho, legalidad, libre comercio, libre competencia y responsabilidad social.
Estos son los impactos negativos que prevé la AmCham con el acuerdo publicado:
- Se favorece a las empresas estatales a través de políticas que limitan la libre concurrencia de otros participantes en el mercado o que levantan barreras discriminatorias; además se le resta independencia a los reguladores del sector energético y al operador del sistema eléctrico, lo que atenta contra la libre competencia.
- La falta de fundamentación, motivación y transparencia en las decisiones y en el manejo de la política energética nacional, incluidas las condiciones de incumplimiento en las que fue publicado el acuerdo, van en contra de la legalidad.
- Los principales afectados serán los consumidores mexicanos, ya que las tarifas no obedecerán a fuerzas del mercado, limitando a los ciudadanos el acceso a tarifas competitivas, lo que afectará la capacidad de retener y atraer nuevos proyectos productivos.
- Discriminar en contra de las energías limpias atenta contra la sustentabilidad y el medio ambiente, lo cual es una falta de responsabilidad social por parte de las autoridades.
La organización afirmó además que el rechazo, retraso y revocación injustificada de diversos permisos a las actividades reguladas en el sector energético, violenta el Estado de Derecho y se traduce en incertidumbre jurídica, lo que inhibirá la inversión privada y dañará inversiones ya existentes.
Expuso que en unos días entrará en vigor el T-MEC, un acuerdo comercial que representa para México la oportunidad de atraer nuevas inversiones, generar empleos formales, desarrollar talento local e invertir en sectores estratégicos que pueden cambiar la realidad de comunidades.
Sin embargo, apuntó, para que sea viable esa transformación es fundamental que las decisiones oficiales sean consistentes con ese y otros tratados internacionales, así como con leyes nacionales vigentes, que amparan los derechos de empresas y consumidores.
“Por lo que solicitamos al gobierno de México rectificar la citada política y demás acciones que vulneran al sector energético”, indicó.
Aseguró que si México quiere consolidarse como un socio estratégico, confiable, y atractivo para la inversión, se debe ser consistentes en el respeto al Estado de Derecho, la legalidad y la libre competencia como elementos indispensables para competir en la economía mundial.
AMLO acusa presuntos abusos de privados
Cuestionado sobre la reacción del sector privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que los privados se habían apoderado del sector energético y crítico nuevamente la reforma aprobada en el sexenio pasado.
“Estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE y hay constancias de lo que estoy diciendo”, sostuvo este lunes en su conferencia de prensa matutina.
Afirmó que en pasadas administraciones se dieron contratos leoninos a particulares en detrimento de la compañía eléctrica nacional, “al grado de que llegaron a vender a CFE el 50% de toda la energía que se consume en el país”.
“Necesitamos poner orden para que no siga consumando el saqueo del periodo neoliberal. Están en todo su derecho de ir a los tribunales, (pero) si no ponemos orden pues va a seguir lo mismo, las empresas extranjeras seguirán viendo a México como tierra de conquista”, declaró.
Dijo que defenderá a la industria eléctrica nacional porque tiene el compromiso de que no aumentará el precio de la luz.
“Es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para estar demandando. Están muy enojados porque no pagaban impuestos, espero que comprendan que no soy gerente de una empresa, soy presidente de México”, manifestó.
La actividad industrial de México, que representa casi un tercio de la economía mexicana, se contrajo 3.4% en marzo, su mayor caída mensual en más de 11 años, de acuerdos con datos del Inegi.
Analistas encuestados por Banco de México estiman una contracción del 7.1% de la economía este año, una cifra que de concretarse representaría el peor desempeño del país en décadas y su segunda caída anual consecutiva.
El acuerdo además coincide en parte con el inicio de la suspensión de actividades por la epidemia de COVID-19, durante los últimos 10 días de marzo. Hasta el domingo, México sumaba 49,219 casos confirmados y 5,177 defunciones.
Este 18 de mayo el país inicia la reapertura gradual de actividades sociales y económicas.
Lee también El gobierno cancela el Programa de Apoyo al Empleo en medio del COVID-19
Con información de AFP