Al declararse una emergencia sanitaria y no una contingencia, prevista en la ley, se deja a empresarios y empleados en el limbo; especialista recomienda pactar.
Por Mariana Mijares
La emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en México debido al nuevo coronavirus ha generado más dudas que certezas para empresas y trabajadores sobre las remuneraciones.
Hasta el lunes, el gobierno federal solo había dado sugerencias, no indicaciones o lineamientos precisos para las empresas.
“El decreto del 30 y el del 31 de marzo fueron actos de autoridad que suspendieron actividades en ciertos sectores” explica Juan José Díaz Mirón, socio del Bufete Díaz Mirón y Asociados.
El litigante con Maestría en la Escuela Libre de Derecho indica que al declarar la emergencia sanitaria por fuerza mayor, y no la contingencia prevista en la Ley Federal del Trabajo (LFT), se decretó una suspensión especial no prevista en el marco legal, que dejó a empresarios y empleados sin saber qué hacer.
“Lo más grave fue no saber cuánto pagar a los trabajadores ante esta novedosa figura. Legalmente se pudo haber interpretado de dos formas: que los trabajadores podían irse a sus casas con un salario mínimo diario; o bien, que los trabajadores debían irse con salario íntegro” apunta.
“Toda vez que la medida fue nueva y no sustentada en la ley, sino en un franco estado de emergencia, se creó una confusión e incertidumbre en el gremio productivo del país”, afirma.
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De acuerdo con la administración federal, aquellas empresas que no desarrollen actividades consideradas como esenciales deben suspenderlas.
Sin embargo, en caso de anunciarse oficialmente una contingencia sanitaria (prevista en los artículos 42 Bis, 427 y 429, fracción IV, de la LFT), el panorama de los empleados, particularmente en términos de sueldo, podría verse afectado.
“La aplicación de estos artículos implicaría una suspensión de las relaciones de trabajo y labores productivas mediante el pago de una indemnización a todos los trabajadores, que constaría de un salario mínimo diario por la duración de un mes”, enfatiza el abogado.
Dice que en caso de adoptarse esa medida se entraría a un régimen legal en donde no hay discrecionalidad, y que la obligación asumida sería suspender operaciones y relaciones con el pago del salario mínimo.
Sin embargo, para el abogado especialista parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está aplazando ese recurso el mayor tiempo posible.
“No creo que a México le convenga ese estado jurídico, ya que se compromete gravemente la economía y posiblemente a la sociedad. Todo lo que ha ocurrido con la autoridad hasta hoy es un síntoma de que el gobierno no quiere adoptar esa medida”, añade el también miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
Díaz Mirón expresa que si se declarara la emergencia, y con el paso de los 30 días de confinamiento hasta el 30 de abril, se volvería a estar en una zona gris.
“En ese supuesto, legalmente no existe nada, estaríamos tal cual estamos hoy: fuera del marco de la ley. Ante una situación de facto como esa, nos veríamos obligados a aplicar los principios generales de derecho para actuar conforme al interés superior de la humanidad y de las fuentes productivas”, expone.
Si transcurrido este tiempo el trabajador es despedido, el patrón lo debe indemnizar conforme al salario establecido en su contrato original, y no conforme al salario mínimo temporal, de acuerdo con el artículo 89 de la LFT.
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Si las cosas se mantienen igual, ¿qué sigue?
Ante la situación actual provocada por el COVID-19, el abogado enfatiza la importancia de que los propios empresarios pacten con sus empleados.
“Lo más deseable no es postergar, sino dotar de claridad y coadyuvar con las medidas que se adopten. La prioridad del gobierno debería ser la salud de los trabajadores y la viabilidad en la medida de lo posible del sector productivo. Para ello habría que entrar en un diálogo emergente e inminente para acordar, dotar de certeza y poder así salvar la mayor cantidad de vidas, de trabajos y de empresas”, subraya.
Para el consultor, la situación que se vive hoy en México como consecuencia de la pandemia mundial va mucho más allá de decretos y de medidas antes previstas o previsibles:
“La situación que arremete en contra de nuestro país convoca a que juntos: gobierno y gobernados, sorteemos esta penumbra juntos y podamos darnos salvaguardas y certezas. Esto sin duda no tiene precedentes y sería loable entrar en una coparticipación y solidaridad gubernamental y ciudadana igual… sin precedentes”.
La importancia de los incentivos fiscales
En el horizonte cercano, Díaz Mirón prevé que el gobierno federal ayude al sector privado mediante estímulos fiscales.
“No solo lo vislumbro, sino creo que sería exigible y una de las principales áreas de oportunidad del gobierno si es que quiere ser coparticipe en la salvación del sistema productivo mexicano. Esta crisis no es de empresarios ni causada por ellos, es una crisis global que enfrentamos, y enfrentaremos, juntos como sector productivo. Sin estímulos, condonaciones, plazos y ayudas, el gobierno sofocaría al país y a su gente. Si no lo hace, perdería México”, sentencia.
Pactar para salvar
El litigante dice que hay una teoría que indica que si las condiciones cambian también deberían cambiar los pactos; por ello, las empresas que hayan visto ya afectados sus ingresos pueden tomar acciones.
“Para evitar no solo despidos masivos, sino quiebras generalizadas y un caos social, posiblemente eminente, es necesario sentarse a pactar y así salvar la mayor cantidad posible de empleos y comercios”, recomienda.
Díaz Mirón enfatiza que cualquier medida no debe ser tomada unilateralmente, sino de común acuerdo entre las partes.
“Yo exhorto y ruego a todos, sin importar si son grandes, medianos o pequeños empresarios, trabajadores o sindicatos, a que sean conscientes de lo que está pasando y pacten lo que sea necesario para salvar sus empresas y fuentes de trabajo a sabiendas de que hay muchos comercios que no pueden aguantar un mes cerrados pagando sueldos actuales, de la misma manera que las personas no podrían vivir un mes sin sueldo”, manifiesta.
“Lo que más nos conviene es pactar mutuamente lo que nos salve. Que no quepa duda: todos estamos perdiendo, por eso lo primordial es acordar lo necesario para perder lo menos posible y así lograr sobrevivir”, considera.
Indica que la LFT menciona que las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado conforme a las normas, a la buena fe y a la equidad.
No obstante, dice que por el momento no quedan normas aplicables, y que por ende solo queda pactar.
“Estos pactos son y serán obligatorios, y jurídicamente validos a la luz de toda interpretación jurídica, ya que el interés superior de trabajadores y patrones en este inusitado momento es preservar la mayor proporción de empresas y empleos humanamente posibles”, destaca.
“Como un despacho con más de 30 años en el sector laboral, estamos ofreciendo convenios que las empresas y empleados pueden utilizar y usar a su favor. Las circunstancias dictan que se requieren esfuerzos, creatividad y servicios hasta hace un mes impensables, pero estamos y estaremos ayudando a quien lo requiera”, refiere.
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